El movimiento Paz a la Calle Barcelona convoca para el domingo 27 de noviembre, a las 17h, (Plaza Catalunya, 9. 5º 2ª. Barcelona) un encuentro con Farid Benavides Vanegas, exviceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa de Colombia, quien hará un análisis sobre el nuevo acuerdo de paz, especialmente en lo relacionado con víctimas y justicia transicional.
24/11/2016 / Barcelona
'Dialoga2': Preguntas y respuestas sobre el proceso de paz en Colombia
Paz a la calle es un movimiento independiente y solidario con las víctimas del conflicto colombiano, que emerge de las bases de la ciudadanía y se niega al destino de un país en guerra.
El 3 de octubre pasado, al día siguiente de la celebración del plebiscito donde venció el no a los acuerdos de paz alcanzados entre el gobierno del país y la guerrilla de las FARC, se conformó la Asamblea Ciudadana por la Paz, surgida como un ejercicio espontáneo de diálogo, unión y participación. La iniciativa recibió el nombre de Paz a la Calle y se implementó en muchas ciudades colombianas y del mundo, como Barcelona, Londres, Nueva York, Toronto, Madrid, Sao Paulo, Melbourne, Buenos Aires, Sydney y París.
El objetivo de la Asamblea es reflexionar sobre la coyuntura que vive Colombia y proponer acciones que fomenten la unidad, básica en la construcción de una paz en la que quepa todo el mundo.
Farid Samir Benavides Vanegas. Doctorado en Ciencias Políticas de la Universidad de Massachusetts, en Amherst. Profesor de Derecho Penal Especial de la Universidad de los Andes de Colombia. Ha realizado trabajos de campo en temas relacionados con la construcción de la paz, la reconstrucción de la memoria histórica, la Justicia Transicional y el postconflicto, en Guatemala, Colombia, Ecuador, España y Cuba. Fue representante del Gobierno colombiano en la discusión de los Elementos del Crimen de la Corte Penal Internacional, entre 1999 y 2000; también representó al Gobierno en la discusión sobre la Convención de Viena contra el Crimen Transnacional Organizado, en 1999; y en las sesiones del Comité del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, en 1997.
